ABRIR LA CAJA DE PANDORA

Como consecuencia de la solicitada[1]de CIPPEC, Poder Ciudadano y Red de Acción Política publicada el domingo 3 de febrero en varios medios de comunicación —tanto nacionales como provinciales— nuevamente se pone en agenda el financiamiento político y electoral en la Argentina.

La Ecuación Dinero-Política, no es un tema menor y es el más postergado al momento de discutir las medidas necesarias para establecer las bases de equidad y transparencia política electoral y profundizar la democracia en nuestro país.

Cuál es el impedimento para que no se avance sobre la creación de reglas claras. La respuesta es sencilla no todos los actores políticos aceptan dejar de lado las viejas prácticas electorales, siendo el clientelismo político una de las más comunes a lo largo y ancho de nuestra Nación.

Cuando hurgamos en el tema del financiamiento político electoral se abre la caja de Pandora y asoman miles de manos que manejan los hilos detrás de la política y opacan la gobernanza. Así aparecen los interrogantes: qué empresas apoyan realmente a cada candidato, cómo se maneja en realidad cada partido y hasta dónde los discursos de cada político se ve condicionado por los intereses de los grupos económicos que lo apoyan.

El financiamiento tiene que asegurar una competitividad equitativa de los distintos candidatos, no es admisible que la participación política se vea limitada a que un candidato pueda financiar con recursos propios su partido o emplear la caja del Estado.

El financiamiento de las campañas electorales en nuestro país es mixto, es decir que presenta aportes privados—con limitaciones — y aportes públicos—tanto directos como indirectos—. La Ley de Financiamiento de Partidos Políticos sentó las bases de equidad e igualdad de oportunidades para las distintas fuerzas electorales, pero también abrió la puerta a prácticas desleales. Ha quedado al descubierto que la política es mucho más cara de lo que se dice y que los principales aportes de campaña se hacen en efectivo. Esta escasa información acerca del origen de los fondos da lugar a denuncias de aportes de privados vetados por la Ley y desviación de recursos públicos para ser empleados en las campañas políticas.

Se necesita desarrollar una infraestructura electoral que haga posible auditar efectivamente los gastos en tiempo de campaña y tener las declaraciones contables una vez finalizas las elecciones, impidiendo que se “dibujen” los balances, implementando un control rutinario hasta sanciones penales o incluso el juicio político y pérdida de investidura.

Esta informalidad que presenta el financiamiento en nuestro país sólo debilita el sistema político y aleja al ciudadano del ejercicio de un voto realmente informado.

En mi opinión las reformas legislativas en materia electoral no deben hacerse en años electorales porque no presentan un tratamiento y debate profundo, si no que favorecen el oportunismo y terminan siendo una carta más de intercambio en la política, con el foco puesto en generar un resultado positivo para las urnas y no en la creación de una norma que sirva a largo plazo para el país.

Considero que está en nuestras manos exigir la transformación, transparencia y accountability por parte de los políticos que buscan representarnos tanto en los niveles nacionales como provinciales, que no se sienten obligados a rendir cuentas al Estado ni a la sociedad civil.

Debemos cambiar nuestra cultura y condenar social y políticamente al candidato que incurra en conductas presuntamente, calificadas como ilícitos, tanto bajo los supuestos de trasgresión como de corrupción. #Transparencia2019.

[1]http://cippec.org/Solicitada_CIPPEC_PC_RAP.jpg